La fiscal de San Isidro, María del Carmen Gigante, fue acusada de irregularidades y podría ser enjuiciada.     

(Cuarto Intermedio – 3 de junio de 2011)- Con un fuerte mensaje crítico a la labor de funcionarios judiciales, la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia resolvió por unanimidad asumir el rol de acusador contra la fiscal del Departamento Judicial de San Isidro, María del Carmen Gigante, a quien se acusa de haber cometido irregularidades en varios procesos a su cargo.Tras confirmar el pedido de jury, el titular de la Bicameral, el diputado oficialista Gabriel Villegas destacó que Gigante fue denunciada por varias causas, que, dijo, “se fundan en el poco apego al trabajo”, algo que “el poder político no está dispuesto a tolerar”.“Parece que el archivo de los expedientes es la forma más fácil de terminar los procesos. La fiscal se olvidó que su trabajo es investigar. A estos funcionarios hay que erradicarlos del Poder Judicial porque desprestigian la excelencia de la gran mayoría de los magistrados y funcionarios que actúan correctamente”, resaltó Villegas.Las declaraciones de Villegas marcaron un nuevo capítulo en la polémica abierta por las críticas de parte miembros del Poder Ejecutivo y legisladores sobre la actuación de jueces y fiscales y en el impulso de pedidos de juicio político por parte del organismo que preside.En el marco de esa controversia, los dos bloques oficialistas en la Legislatura anunciaron en los últimos días la presentación de un proyecto de ley para crear la figura de juicios por jurados en la Provincia, con el argumento de que la participación de ciudadanos en los procesos ayudará a “legitimar las resoluciones de la Justicia”.DenunciasGigante fue denunciada por el ex senador provincial José Molina -actual funcionario del Ejecutivo- y el por entonces diputado Guido Lorenzino Mata -también funcionario del gobierno-, en base a un cuestionamiento por su actuación en una causa. Concretamente, los ex legisladores oficialistas acusaron a la fiscal de no haber requerido allanamientos para continuar la pesquisa; delegar la investigación; no presentarse en el lugar de los hechos; no recabar pruebas; disponer el archivo de una causa sin informe médico legal y sin haber escuchado a la víctima; ausencia total de investigación; confundir roles procesales y atraso en la producción de pruebas.En tanto, en otra denuncia contra Gigante impulsada por el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, y Ana Liliana Malecki, directora de Asuntos Jurídicos De La Nación, se la acusa por ocho hechos.Entre ellos figuran el mal desempeño en una causa de abuso sexual; no incorporar los estudios de alcoholemia y un envase de bebida incautado en el interior del camión en una causa en la que se investigó el fallecimiento de un menor embestido por un vehículo cuyo chofer estaba ebrio; no concurrir a la escena del crimen en un hecho de homicidio ni en otro de abuso deshonesto y violación.Una tercera denuncia fue impulsada por una particular, María Catalina Giménez, madre de una joven de 20 años con retraso mental quien fuera víctima de abuso sexual con acceso carnal. En ese caso, el acusado, Francisco Javier Centurión, resultó absuelto por el Tribunal en lo Criminal 7 de San Isidro y en el fallo los magistrados destacaron que no existía prueba científica que permitiese acreditar el hecho y responsabilizaron por esa falencia a Gigante, quien había realizado la investigación penal preparatoria.En esa causa se menciona también que tras la violación se realizaron exámenes a la víctima, extrayéndose muestras mediante un hisopado cuyos resultados no fueron incorporados al expediente.