La Legislatura de Córdoba tendrá una sesión controvertida, cuando en simultáneo con la del resto de las provincias recuerde el golpe de Estado de 1976.

En Córdoba se aprobará una ley para otorgar subsidios a los llamados “presos políticos”, pero habrá polémica porque un legislador, Aurelio García Elorrio, pedirá que se exima del beneficio a los que integraron organizaciones terroristas como FAR, Montoneros, ERP u otras.

Además, algunos grupos pretenden que el beneficio comience a partir de noviembre de 1974, cuando se dictó el estado de sitio, pero finalmente el peronismo prefirió que se otorgue a los presos a partir del 24 de marzo de 1976.

El proyecto prevé el pago de “una suma equivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con carácter de no contributivo, personal, mensual, vitalicio e inembargable, para todos aquellos ciudadanos que hayan sido detenidos por causas políticas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.

El legislador Sergio Busso, presidente del bloque de UPC, destacó que “esta iniciativa responde a una larga lucha de los ex presos políticos y de todos los organismos defensores de los derechos humanos, a los que se convocó para que efectúen aportes, de manera de que estos puedan ser discutidos y considerados en el momento de consensuar el proyecto”.