La comisión investigadora que indaga acerca de la conducta de Blas Altieri al frente del municipio, le imputó 33 faltas graves entre las que se incluyen distintas irregularidades en la adjudicación de un plan de viviendas.
El intendente de Pinamar, Blas Altieri, quedó más cerca de la destitución. La comisión investigadora que investiga su conducta al frente del municipio, le imputó 33 faltas graves entre las que se incluyen distintas irregularidades en la adjudicación de un plan de viviendas cuyos beneficiarios fueron, entre otros, dos hijas del jefe comunal y funcionarios de la comuna.
La investigación es impulsada por concejales de la oposición que cuentan con una amplia mayoría y en las últimas horas el dictamen fue presentado y aprobado por el Concejo Deliberante por 8 votos contra 2. Quienes se opusieron fueron los dos representantes del vecinalismo alineados con Altieri.
Ahora, Altieri cuenta con 10 días hábiles -el plazo comenzó a correr desde ayer- para efectuar el descargo. Luego, el Concejo dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para decidir si absuelve al intendente o lo destituye.
La separación del cargo del histórico jefe comunal vecinalista surge como una posibilidad concreta. Si bien los concejales opositores no quieren anticiparse y prefieren aguardar a conocer el descargo de Altieri, en caso de ratificarse la votación que aprobó el dictamen -es decir, ocho votos positivos-, el jefe comunal quedará automáticamente apartado del Ejecutivo.
De todas formas, se especula con que, si se avanza con la destitución, Altieri terminaría planteando un conflicto de poderes en la Suprema Corte y un pedido de medida cautelar para ser rápidamente restituido. Por eso, algunos concejales especulaban, en caso de que esa situación finalmente se cristalizara, con disponer una suspensión para el alcalde.
La delicada situación institucional por la que atraviesa Pinamar no sólo se debe a la investigación que el Concejo realiza sobre el intendente. El cuadro es mucho más complejo porque los empleados municipales hace 10 días que están de paro en reclamo de aumentos salariales y lo propio están a punto de disponer los choferes de la empresa de transporte local.
Además, el municipio está funcionando con presupuesto prorrogado porque el Concejo se niega a aprobar el proyecto oficial que incluye “un aumento de tasas del 60%”, según denuncia la oposición.
En lo que respecta a las imputaciones que le hacen los concejales a Altieri, uno de los puntos centrales tiene que ver con la construcción y adjudicación de viviendas a partir de un convenio entre el Instituto de la Vivienda y la fundación Eco Pinar.
Esos inmuebles serían adjudicados a familias de escasos recursos, pero los concejales constataron que fueron beneficiarios, entre otros, Elena María Altieri y María Constanza Altieri, hijas del jefe comunal, y Maximiliano y Juan Morales, hijos de Alberto Morales, actual funcionario del Intendente.
En ese contexto, la comisión investigadora imputó a Altieri por “omisión indebida” al no denunciar la “irregular adjudicación”, así como “conducta antiética en beneficio de familias y personas vinculadas personal y políticamente que resultaron beneficiarias por planes de viviendas sociales”.
Además, los concejales opositores acusan a Altieri de otras presuntas irregularidades como “doble veto” a una ordenanza aprobada por el Concejo, la firma de convenios sin autorización legislativa y no aplicar a la empresa de recolección de residuos sanciones por el no cumplimiento del contrato.