El fiscal Romero planteó que la pesquisa quede en manos de una unidad que investiga funcionarios.

El fiscal que interviene en la causa por los presuntos sobornos a diputados bonaerenses, pidió que la pesquisa pase a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas a raíz de que los hechos que se analizan involucran a funcionarios públicos.

La decisión fue adoptada por el fiscal Marcelo Romero, quien interviene de oficio a partir de la difusión de versiones sobre el posible pago de coimas a legisladores para que votaran la reforma fiscal impulsada por el gobierno de la Provincia que, entre otros aspectos, incluye un aumento al Inmobiliario Rural que paga el sector agropecuario.

Según trascendió en fuentes tribunalicias, Romero firmó un escrito que dirigirá al fiscal general Héctor Vogliolo, en el que solicita que, por el tenor del hecho investigado y la posible participación de miembros de un poder del Estado -legisladores-, se dé intervención a la UFIC que integran los fiscales Esteban Lombardo y Jorge Paolini.

Esa UFIC es la que participa en todas aquellas causas que involucran a poderes del Estado y funcionarios.

La decisión de Romero, que inició una investigación de oficio a raíz de que era el fiscal de turno al momento de que trascendieran los rumores sobre supuestas coimas, se fundamenta además en que existe otro pedido de investigación presentado por el diputado nacional de la UCR, Miguel Bazze, que ya está en la UFIC.

El viernes pasado, al otro día de que se aprobara la reforma impositiva, el matutino porteño Clarín publicó una foto de la pantalla del teléfono celular del diputado de La Cámpora y vicepresidente de la Cámara baja, José Ottavis, en el que se leía “150 mil (pesos) por cabeza ofrecen a los diputados de la ´opo´ según palabras de Valeria Arata. Se está corriendo eso”. Ese era el texto que recibió de su compañera de bancada y agrupación, Rocío Giaccone, en plena sesión.

“Buenos chicos, no contemos más cosas y cuidado”, fue la respuesta de Ottavis a Giaccone, según se consignara en el diario que la publicó.

Arata es un diputada del radicalismo -su bloque votó en contra de la reforma-, quien por su parte negó tajantemente haber hecho comentarios de esa naturaleza.

La difusión de ese cruce de mensajes dio lugar a la intervención del fiscal Romero.

En su presentación a Vogliolo, el fiscal pidió que los legisladores colaboren en la investigación. “Como representante de la comunidad en los procesos penales, es mi deber exhortar a quienes detentan investiduras erigidas por elección de la ciudadanía, a que presten la más absoluta colaboración ante la complejidad del ilícito en tratamiento”, indicó. Y a ese pedido le agregó una frase sugestiva: “Cuando empieza el deber se termina la amistad”.

Además, Romero sostuvo que “es el Estado quien tiene el deber primordial de velar y asegurar la vigencia del Estado de derecho formal y material, ello, sin que nadie tenga la potestad de sentirse ofendido o herido en su susceptibilidad ni, mucho menos, considerar tal situación como una afrenta”.