El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, vecinos de ese distrito víctimas de episodios de inseguridad y miembros de la ONG Madres del Dolor, realizaron una vigilia frente al Senado provincial para manifestar su rechazo a la absolución del juez de Garantías Rafael Sal Lari, sometido a un juicio político.

El fallo en favor del suspendido magistrado, según destacaron fuentes judiciales, se resolvió a partir de la ausencia de una acusación formal en su contra, luego de que la Bicameral de Jury y la Procuración de la Suprema Corte se negaran a presentar cargos en su contra.

Hoy se cumplió una instancia clave, ya que el Jurado de Enjuiciamiento anunció la absolución y la inmediata restitución en su cargo del juez de Garantías 3 de San Isidro, cuestionado por haber excarcelado detenidos que luego cometieron crímenes.

En la última audiencia, la Comisión Bicameral desistió de presentar cargos contra el magistrado y la defensa del juez pidió su absolución. En ese marco, el Jurado dispuso la posibilidad de que Gustavo Posse o familiares de víctimas, entre ellos Carla Regis, se presentaran como acusadores. Sin embargo, en un comunicado difundido en las últimas semanas, la Intendencia informó que no lo harán. En la Comuna creen que estarían cayendo en “una trampa”.

Carla Regis, quien estará presente en la movilización del próximo lunes, es hija del ingeniero Carlos Regis, asesinado durante un asalto en Béccar, en 2008, por dos delincuentes. Siete meses antes de ese hecho, Sal Lari había excarcelado bajo caución juratoria a uno de los ladrones, Sebastián Bordón, imputado de portación ilegal de arma de fuego y no recibió objeción de la fiscalía.

La familia Regis, apoyada por Posse, denunció a Sal Lari con el argumento de que si no se hubiera dado la libertad a Bordón, el homicidio no hubiera ocurrido, pero la defensa del juez considera esa postura “débil” porque un magistrado no puede hacer “futorología”. Igual postura adoptó para no acusar al juez la Procuradora General, María del Carmen Falbo, que adujo que el ordenamiento procesal vigente “no contiene ninguna disposición que impida conceder la excarcelación valorando específicamente el peligro de reiteración delictiva”.

De las once acusaciones que se habían presentado originalmente contra Sal Lari, sólo una quedó en pie: su supuesto mal desempeño en el caso de un imputado, Jorge Luis González, a quien se le dictó una excarcelación en 2005 aunque esa medida no fue efectivizada sino hasta siete meses después de haber sido ordenada. El magistrado fue acusado de no haber controlado la aplicación de esa medida.

El proceso contra Sal Lari también fue cuestionado desde la Red de Jueces Penales de la Provincia, quienes a través de un comunicado difundido en las últimas semanas afirmaron que el magistrado “viene sufriendo una injusta y tenaz persecución ideológica, política y mediática, encabezada por el intendente municipal Gustavo Posse”.