El titular del juzgado 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, había sido objetado por excarcelar a varios imputados de delitos graves.

El titular del juzgado penal de Garantías nº 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, fue restituido en el cargo, al no haberse formalizado finalmente una acusación en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. Una decisión que fue comunicada en medio del reclamo de familiares de víctimas de delitos cuyos imputados fueron excarcelados por Sal Lari.

La protesta de los familiares, que realizaron una vigilia a la espera de la resolución del Jurado, fue apoyada por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y por integrantes de la agrupación Madres del Dolor.

La decisión del Jurado -presidido por el titular de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari- se basó en una cuestión formal, aunque fundamental: aunque se había radicado una decena de denuncias contra la actuación de Sal Lari -casi todas por excarcelaciones de acusados de delitos graves, entre ellos homicidios y violaciones-, finalmente no se formalizó ninguna acusación concreta contra el magistrado.

La Comisión Bicameral de Jury y la Procuración de la Corte decidieron no acusar, y sólo quedó en pie la denuncia promovida por el intendente Posse y la familia del ingeniero Carlos Regis -asesinado en 2008 por imputados a los que Sal Lari les concedió la eximición de prisión. Pero este grupo desistió de confirmar la acusación, tras ser notificado de que, para esa convalidación, debían depositar una caución de 180 mil pesos. Con una sola denuncia en pie, y dado el monto de la caución -un requisito exigido por la ley de enjuiciamiento de magistrados-, el grupo resolvió no consolidar la acusación.

Por lo tanto, no se llegó a iniciar la etapa del juicio efectivo del desempeño del magistrado. El Jurado ordenó el archivo de la causa por falta de acusación formal y dispuso que Sal Lari -que había sido suspendido en el cargo al recibirse las denuncias- fuera restituido en el cargo, según explicó el titular de la Secretaría de Jury de la Provincia, Ulises Giménez.

Al conocerse esa resolución, el grupo de familiares de víctimas la cuestionó duramente, objetando por elevado el monto de la caución fijado para poder formalizar la acusación reiterando críticas al magistrado.

El nombre de Sal Lari “es sinónimo de homicidios y violaciones y a las familias de las víctimas les tengo que decir que se busquen un amigo juez, esto muestra que hay magistrados que pueden hacer lo que quieren, tienen más derechos que el resto de los ciudadanos”, dijo Vivian Perrone, titular de las Madres del Dolor. Posse, en tanto, planteó una revisión de los cargos desestimados, que fue rechazada.

Y Sal Lari, por su lado, dijo tras su restitución que “terminó un proceso que se resolvió como se debía resolver”.