La política declamada de “no criminalizar la pobreza” encontró en Misiones una flagrante contradicción.

Un tribunal local comenzará a juzgar la semana próxima a una mujer de 37 años de edad, analfabeta y sumida en la extrema pobreza en un paraje provincial, por la muerte de uno de sus 12 hijos, para quien no pudo conseguir asistencia médica.

Ante el temor de que su pareja la castigara, lo enterró cerca de un arroyo. Pero los vecinos notaron la ausencia, la denunciaron y la mujer terminó confesando lo que había pasado.

Desde hace un año y medio está presa por abandono de personas agravada, y podría pasar hasta 13 años en prisión.

El caso, que ha tenido esbozos de trascendencia a nivel nacional, es el de María Ovando -“víctima de violencia doméstica, sin trabajo formal, viviendo en la extrema pobreza en una precaria vivienda en la zona rural de Colonia Mado, Misiones-“, según explica su defensa.

La niña murió en sus brazos por un “paro cardio-respiratorio” y la autopsia demostró que no había sufrido golpes, fracturas, ni ningún otro tipo de lesión por violencia.

“La familia no contaba con acceso a ninguna prestación social ni médica-asistencial por parte del Estado. Tampoco la madre, aquí imputada, contaba con trabajo formal… vivía hasta su detención en una zona rural, en una precaria vivienda. Desde muy niña fue empleada doméstica y nunca tuvo trabajo formal. Varios de sus hijos están indocumentados y nunca pudieron acceder a una asistencia estatal. Tampoco tuvieron acceso a la asignación universal. Es ese propio Estado, ausente a la hora de cumplir con sus obligaciones de asistencia y salud, que hoy pretende criminalizar a María Ovando, reprochándole un supuesto abandono, el que le otorga la calidad de ciudadana solo a la hora de castigarla, de hacerla responsable de lo inevitable para ella, pero evitable para el Estado”, sostienen sus defensores.