La iniciativa contempla un sistema de puntaje y evaluaciones periódicas para quienes ya hayan sido nombrados.

En medio de intensas negociaciones para conseguir apoyo en los bloques opositores y destrabar algunas resistencias en el propio oficialismo, el kirchnerismo buscará aprobar en el Senado el proyecto de ley que dispone cambios en el mecanismo de selección de jueces a través del Consejo de la Magistratura.

La reforma, en líneas generales, apunta a poner en marcha un sistema de puntajes por antecedentes y evaluaciones periódicas para los jueces ya designados, un aspecto que generó polémica y reacciones desde el Poder Judicial.

La iniciativa forma parte del paquete de leyes vinculadas a reformas en el Poder Judicial que impulsó el kirchnerismo en el Senado de la mano del vicegobernador Gabriel Mariotto y la jefa del bloque oficialista y autora del proyecto, Cristina Fioramonti.

En este caso, apunta a introducir cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el organismo integrado por representantes de los Poderes Judicial, Legislativo, Ejecutivo y del Colegio de Abogados de la Provincia y que se encarga de seleccionar a los postulantes a jueces y fiscales.

La reforma se enmarca en la avanzada del vicegobernador Gabriel Mariotto para “transparentar” y “democratizar” el funcionamiento de la Justicia, y que también contempla un proyecto ya aprobado en el Senado que introduce cambios en el sistema de jury de enjuiciamiento, entre otras.

Fuentes del oficialismo aseguraron que el proyecto será abordado en la sesión convocada por el Senado, pero reconocieron que hay negociaciones en marcha para intentar destrabar resistencias propias y ajenas.

El proyecto prevé cambios en el mecanismo de selección de jueces. En principio, establece que para confeccionar las ternas de candidatos, amén del resultado del examen que actualmente se tiene en cuenta, se otorgue puntaje a los antecedentes de los postulantes. Además, dispone que se determinen los aspectos a evaluar en las entrevistas personales con los postulantes, que actualmente se realizan sin protocolo.

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto, es el que otorga facultades al Consejo para evaluar a quienes ya han sido nombrados magistrados, con el objetivo de constatar que “mantienen las condiciones psicofísicas y éticas”, entre otras, que les permitieron acceder a sus cargos.

Finalmente, deja sin efecto la obligatoriedad de contar con título de abogado que rige sobre los legisladores para ser designados como miembros del cuerpo e incorpora un mecanismo de impugnaciones cruzadas entre los miembros del Consejo.

La iniciativa recibió un duro cuestionamiento de parte del Colegio de Magistrados bonaerense, que calificó la propuesta del kirchnerismo como “avance del poder político sobre la independencia de los magistrados”.