El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados provincial y ya tuvo críticas de la oposición, que lo calificó como “un atropello”.

Todas las escuelas primarias, secundarias y los jardines de infantes de la Provincia de Buenos Aires que dependan del Gobierno bonaerense y de los Municipios, y que no tengan nombre asignado podrían pasar a llamarse “Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner”.

Así lo contempla un proyecto de ley impulsado por la diputada provincial del Frente para la Victoria (FpV) María del Carmen Pan Rivas y que ya generó una dura respuesta desde los bloques opositores que la calificó como “un atropello”.

La iniciativa plantea una excepción a las disposiciones del Reglamento de ratificación, modificación y proposición de nombres para los establecimientos educativos de la Provincia.

Es que ese texto estipula que para que a una escuela o jardín se le imponga un nombre propio, deben haber transcurrido al menos diez años del fallecimiento de esa persona. Pero también contempla que esta disposición puede tener excepciones si media una resolución que la autorice.

En ese marco, Pan Rivas plantea que se apruebe esta excepción para que todas las escuelas primarias y secundarias y jardines que hoy estén identificados sólo con un número lleven el nombre de Kirchner. En los argumentos, la legisladora destaca que el ex Presidente “abrió el debate nacional luego de asumir en 2003 por una nueva Ley de Educación Nacional que derogara la Ley Federal de Educación de 1993 sancionada durante la presidencia de Carlos Menem, debido al deterioro que le significó a la educación”.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Oscar Negrelli calificó de “atropello” la iniciativa oficialista y aseguró que hay “impedimentos legales” en contra de esa propuesta. Además, adelantó que ya se impulsó un despacho de minoría con la firma de todos los representantes de la oposición para evitar que se sancione.

“Hay al menos, tres razones por las cuales no es legal: En primer lugar, para que pueda darse el reconocimiento a la trayectoria post mortem, la ley establece un plazo de diez años a partir del fallecimiento del reconocido para poder imponer su nombre. Por otro lado, la ley dice que es la comunidad la que tiene la potestad de elegir el nombre, por lo que creemos que el proyecto muestra desprecio por el derecho de los vecinos a decidir sobre un ámbito fundamental de su lugar. Y además, la legislación sólo permite que una escuela por nivel y por distrito lleve un nombre, de manera que si en Avellaneda hay dos escuelas primarias sin nombre, no pueden llamarse ambas de igual manera”, dijo Negrelli.