En una maratónica jornada, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sacó el paquete de proyectos vinculados a la Justicia.

En medio de los cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia tras el desenlace del Caso “Marita” Verón, la cámara de Diputados bonaerense avanzó con una serie de reformas al Poder Judicial, al convertir en ley la reforma a la Procuración de la Corte y al mecanismo de enjuiciamiento de magistrados, y dar media sanción a la ley que instaura en la Provincia el sistema de “Juicio por Jurados”.

En primer lugar, la Cámara Baja aprobó la reforma a la Procuración de la Corte, impulsando la autonomía de la Defensa Pública. Según el proyecto aprobado, el Ministerio Público estará encabezado por el Procurador General, quien ejercerá la superintendencia sobre los demás miembros del cuerpo, divididos en Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, que se definen como “funcionalmente autónomas”.

En tanto, crea las figuras del Procurador General y el Subprocurador General de la Suprema Corte, el primero de los cuales tendrá a su cargo a los fiscales. También se crea el cargo de Defensor General y Subdefensor General, y establece el principio de Autonomía de la Defensa, que gozará de “autonomía funcional, independencia técnica y autarquía financiera”.

La Cámara de Diputados también convirtió en ley la modificación integral a la ley 13.661 que establece el sistema de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, con el acompañamiento de casi todos los bloques de la oposición, que en su mayoría también cuestionaron dos artículos en particular.

El proyecto modifica la estructura de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y reduce drásticamente los tiempos del proceso de enjuiciamiento contra los acusados.

Finalmente, Diputados dio media sanción al proyecto que establece en la provincia el sistema de “Juicio por Jurados”, con el apoyo de toda la oposición a excepción de la Coalición Cívica (CC).

El proyecto, enviado por el Ejecutivo y modificado en la Cámara Baja, establece el mecanismo tradicional por el cual el jurado estará integrado por 12 ciudadanos comunes sin formación jurídica, que serán elegidos por sorteo del padrón electoral y recibirán instrucciones de un juez, quien les indicará el encuadre jurídico de la cuestión a resolver, y luego del debate decidirán simplemente en torno a la inocencia o culpabilidad del ciudadano sometido a proceso.