El reclamo planteado desde organismos de D.D.H.H. contra una ley que endurecía el régimen de excarcelaciones encontró eco en la Suprema Corte bonaerense. El máximo tribunal ordenó suspender la aplicación de la norma promovida por el gobierno provincial, desde donde se anunció que se apelará la resolución.

La decisión marcó un nuevo capítulo en la larga polémica que se abrió en torno a la ley sancionada por la Legislatura a fines del año pasado en medio de la resistencia del kirchnerismo.

La norma limitaba las excarcelaciones en tres casos: cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por delitos con armas, o cuando estén gozando de una excarcelación.

Organismos de derechos humanos y defensores públicos plantearon la inconstitucionalidad de la reforma y pidieron el dictado de una medida cautelar para frenar su aplicación. La presentación fue impulsada por la Comisión por la Memoria y el CELS, entre otros.

“La Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables porque eso implica atribuirse funciones judiciales”, denunciaron.

Ayer, la Suprema Corte hizo lugar a ese planteo y ordenó suspender la norma, aunque no avanzó sobre la cuestión de fondo, es decir, acerca de la inconstitucionalidad. La resolución destaca que las disposiciones de la reforma “prima facie, resultan contrarias a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales”.

Pero el gobierno bonaerense salió a defender la reforma y anticipó que buscará que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley.

“Respetando la independencia de los poderes y la potestad que tiene la Suprema Corte, vamos a notificarnos rápidamente de la demanda para que la Corte se pronuncie como sentencia final, esta es una medida cautelar que suspende la aplicación de una ley que ha sido votada por la Legislatura”, indicó el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal.