La Cámara Federal reabrió la causa en la que el titular del gremio de los albañiles, Gerardo Martínez, es investigado por su presunta pertenencia a los servicios civiles de inteligencia durante la última dictadura militar.

El tribunal entendió que la decisión del juez federal Julián Ercolini, quien había archivado las actuaciones, fue prematura. Y le ordenó que acepte como “partes querellantes” a una serie de particulares y organismos defensores de derechos humanos, entre los que figuran Víctor J. Grossi, José H. Tejeda, Oscar H. Castro, el SITRAIC (Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines), Enrique M. Fukman por la AEDD (Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos), Graciela Rosemblum en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Gabriel Kordon por Liberpueblo, Margarita Noia por la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina); todos con el patrocinio letrado de María del Carmen Verdú, de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), de Luis Bonomi de CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) y de Claudia Ferrero de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha).

El fallo establece que una vez que sean aceptados como querellantes, el juez deberá ahondar en las probanzas que dicen poseer sobre la participación de Martínez en tareas de inteligencia durante la dictadura: “necesariamente corresponderá en la anterior instancia revisar la postura sentada en el punto I del auto recurrido -que por ende quedará sin efecto- partiendo de la base de que los pretensos querellantes alegan estar en condiciones, previo informarse sobre evidencias reservadas, de ‘impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción (y) argumentar sobre ellos’, aportando líneas de pesquisa concretas”.