La lentitud judicial, esta vez en el Consejo de la Magistratura, derivó en el cierre de 11 expedientes con pedidos de juicio político contra jueces nacionales y federales.

El Consejo de la Magistratura tiene un plazo máximo de tres años y cuatro meses para arribar a una resolución, pero en los casos de los jueces Alberto Baños, Leopoldo Schiffrin, Pablo Bertuzzi, Luis Rodríguez, Mario Filozof y Marcelo Lucini, entre otros, se excedieron esos tiempos y las causas fueron al archivo.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN, la gremial que lidera Julio Piumato) repudió la decisión del tribunal. Sobre todo, porque prontamente ocurrirá lo mismo con el juez Carlos Rozanski, considerado un adalid de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, pero acusado por el sindicato de «maltratador del personal a sus órdenes».

El archivo de los expedientes fue propuesto por el presidente del Consejo, Mario Fera, quien invocó “la aplicación de disposiciones legales y reglamentarias que, al poner un límite temporal a la tramitación de las denuncias” por un plazo de tres años para la investigación, y cuatro meses adicionales para su tratamiento en Plenario.

“Es una herramienta para no mantener indefinidamente abiertos los procesos contra los magistrados, de modo que no se pueda ejercer -con esa indefinición- una presión indirecta”, explicó.