La ley sancionada restringe esa posibilidad, pero se van a aplicar modificaciones. Los abogados, escribanos y procuradores podrían integrar los jurados civiles para participar en procesos penales donde se analicen delitos cuya pena exceda los 15 años de prisión o reclusión.

Eso, pese a que el proyecto de ley sancionado la semana pasada en la Legislatura bonaerense y que instauró el mecanismo de Juicios por Jurados en la Provincia de Buenos Aires especifica claramente que los profesionales del derecho no pueden participar de esos cuerpos.

Así fue acordado en las últimas horas por legisladores provinciales del oficialismo y la oposición, que plantearon la necesidad de aplicar algunas reformas al texto de la ley que aprobó el Senado en su última sesión.

Concretamente, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara Alta acompañó en esa oportunidad el proyecto con una moción impulsada por su presidente, Carlos Fernández, para que se introduzcan algunos cambios en el articulado de la norma. La moción tuvo el visto bueno del oficialismo.

Desde el bloque del Frente para la Victoria (FpV), su titular, Cristina Fioramonti, acordó con Fernández que esas propuestas de cambios sean debatidas en la próxima sesión del cuerpo, prevista para la semana que viene, donde podrían ser aprobadas.

El proyecto que sancionó la Legislatura la semana pasada establece que el tribunal de jurados actuará en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de 15 años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, alguno de ellos supere dichos años.

Según la norma, el jurado estará compuesto por 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes que serán elegidos por sorteo del padrón electoral, y recibirán instrucciones de un juez, quien les indicará el encuadre jurídico de la cuestión a resolver.

Antes de que se inicie el proceso, sin embargo, los imputados podrán requerir que no se aplique el mecanismo de Juicio por Jurados. En ese caso, se conformará un Tribunal con uno o tres jueces, según corresponda. La función de jurado será considerada una carga pública obligatoria.

Según se informó, la propuesta impulsada por la bancada de senadores de la Unión Cívica Radical, que tuvo el visto bueno del FpV, apunta a tres aspectos del proyecto ya sancionado.

En primer lugar, los legisladores radicales buscan que se especifique en el articulado como requisito de las personas seleccionadas como jurados que sepan “leer y escribir”.

Además, como se dijo, quieren que se elimine el impedimento que pesa sobre abogados, escribanos y procuradores para integrar los jurados.

Finalmente, la moción impulsada por el radical Fernández apunta a que se “garantice la transparencia de los miembros” de los tribunales. En ese marco, proponen que los integrantes de esos cuerpos civiles que participarán en procesos penales puedan ser juzgados por incumplimiento en ejercicio de la función pública.