La Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró “inadmisible” un planteo de la fiscalía para que revoque la denegación al pedido de efectivo encierro a tres condenados a ocho años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

“Carece de la debida fundamentación el recurso de casación interpuesto contra la denegatoria del pedido tendiente a que -habiéndose dictado una condena a prisión, de efectivo cumplimiento, por delitos de lesa humanidad- se revoquen las libertades oportunamente otorgadas a los encartados, pues la recurrente no logra demostrar un defecto que habilite la instancia que pretende y la decisión no exhibe vicios susceptibles de ser examinados en esta sede”, sostiene el voto mayoritario.

La justificación técnica estuvo a cargo de los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci, en tanto su colega Juan Carlos Gemignani, en disidencia, postuló “hacer lugar al pedido” del fiscal y revocar las libertades “en los términos de la responsabilidad del Estado Argentino de adoptar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en la última dictadura”.

El voto mayoritario quedó plasmado en una carilla y media mientras que el resto del texto vuelca el voto de Gemignani, quien fundamenta los motivos que lo llevaron a entender que deberían “remitirse las presentes actuaciones al Tribunal Oral Federal Uno de Rosario, provincia de Santa Fe, a fin de que ordene y haga efectiva la inmediata detención de Pedro Alberto Rodríguez, Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Hugo Maderna”.

Del estudio de la causa surge que el tribunal rosarino condenó a Rodríguez, Cervera y Maderna “a la pena de ocho años y medio de prisión, de efectivo cumplimiento, por hallarlos penalmente responsables de una pluralidad de delitos caracterizados de lesa humanidad, manteniendo el estado de libertad hasta tanto adquiera firmeza el fallo”, lo que fue cuestionado por el fiscal quien reclamó las inmediatas detenciones de los represores.

En agosto de 2013 los jueces Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella condenaron a los represores como autores “penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por su carácter de funcionario público y por mediar violencia y amenazas, en concurso real con la aplicación de tormentos calificados por ser la víctima perseguido político… que tuvo por víctima a Manuel Ricardo Casado”.