El plenario del Consejo de la Magistratura cerró múltiples pedidos de juicio político contra una treintena de jueces. Analizaron 29 casos: 11 fueron desestimados sin siquiera darles tratamiento; tres denuncias se declararon abstractas, entre ellas dos al ex camarista penal Alfredo Barbarosch, quien ya renunció.

Además, ocho expedientes tienen dictámenes de desestimación, y se refieren a los jueces Marcelo Peluzzi, de ejecución penal; los civiles Juan Carlos Benincasa y María Ofelia Bacigalupo; el laboral Ricardo Jorge Tatarsky, y los comerciales Miguel Bargalló y Ángel Sala.

También se desestimaron denuncias contra Alejandro Castellanos, Alfredo López y Eduardo Jiménez, de los juzgados federales de Mar del Plata

Otros siete expedientes llegaron al plenario, entre ellos, uno contra el propio presidente del organismo Alejandro Sánchez Freytes impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo porque “en una nota que acompaña todos los procesos vinculados a crímenes de lesa humanidad, el juez informó el apellido de un joven cuya identidad se investiga para intentar determinar si es hijo de desaparecidos”. La denuncia fue archivada.

La misma suerte corrió una denuncia que se había presentado contra dos integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal: uno era el consejero Ricardo Recondo y su colega Graciela Medina. La denuncia era porque en una causa que llegó a esa cámara se presentó como apoderado el esposo de la jueza. La denuncia data de marzo de 2011.