Los fiscales que intervienen en procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado expresaron la “preocupación que generan las resoluciones de distintos tribunales del país que obstaculizan el proceso de verdad y justicia”.

Los representantes del ministerio público resolvieron “articular respuestas con los organismos de derechos humanos y otras agencias estatales de las diferentes jurisdicciones”.

La decisión fue adoptada por el fiscal de Córdoba, Facundo Trotta; el de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz; el de la Unidad de Asistencia porteña, Martín Niklison, el marplatense Daniel Adler, el mendocino Dante Vega, el tucumano Pablo Camuña, el jujeño Pablo Pelazzo, el salteño Juan Manuel Sivila, la rosarina Adriana Saccone y el chaqueño Federico Carniel, entre otros.

Todos mostraron su “preocupación centrada en la concatenación de una serie de medidas adoptadas por jueces de instrucción, cámaras de apelaciones y tribunales orales de todo el país en los últimos días que auguran tiempos de impunidad para quienes deben dar cuenta ante la Justicia por sus acciones”.

La Procuraduría anunció que promoverá la realización de “jornadas abiertas a la comunidad en las que se discutirán los alcances, implicancias y la legitimidad de las resoluciones cuestionadas, en tanto que los fiscales participantes acordaron realizar encuentros regionales con los actores involucrados y comprometidos en el proceso de justicia”.