El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán, Miguel Chaiben Terraf, respondió un pedido de informes de un ciudadano sobre los gastos legislativos, pero como los datos a éste no le resultaron suficientes, terminó presentando una denuncia policial.
Carlos Duguech fue a la Seccional I para que la Justicia determine quiénes son los responsables de no enviar al Tribunal de Cuentas la “rendición documentada del dinero que todos los meses reciben los 49 legisladores provinciales”.
Duguech recordó que la Constitución provincial establece que el Tribunal de Cuentas es el órgano de control y fiscalización del empleo de los recursos estatales, y que los legisladores sólo percibirán una dieta como retribución a sus funciones.
Para el denunciante se estaría violando el artículo 248 del Código Penal, que castiga con prisión de hasta dos años e inhabilitación para el funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
El Tribunal de Cuentas había informado que no “es posible determinar el monto total de los gastos sociales porque la rendición de cuentas de los mismos se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos, por lo que discriminar lo que corresponde a este concepto exclusivamente es imposible sin contar con la documentación respaldatoria del gasto”.
El presupuesto de la Cámara es de 970 millones de pesos, de los cuales 78 por ciento es para salarios y el 22 restante para gastos corrientes y gastos sociales.
Cada legislador cobra por gastos sociales un mínimo de 65 mil pesos mensuales.