El procesamiento del gobernador peronista Juan Manzur por presuntas irregularidades en el Plan “Qunita” provocó una fuerte polémica en la primera sesión de la Legislatura tucumana, en la que además se aprobó la suspensión por 120 días del diputado Emiliano Vargas Aignasse.

Manzur está acusado de cometer los delitos de “fraude”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, durante su desempeño como ministro de Salud de la Nación.

Desde la oposición, expresaron su preocupación por el procesamiento del gobernador los legisladores Claudio Viña (Fuerza Republicana) y Eudoro Aráoz (UCR), quien particularmente propuso que Manzur tome licencia hasta tanto la Justicia resuelva su situación.

El oficialista Marcelo Caponio apoyó a Manzur y dijo que su “procesamiento no significa condena”. “Él se sometió a la Justicia porque no cometió ningún hecho ilícito. El radicalismo está politizando las decisiones judiciales. El presidente Macri tiene 244 causas, fue procesado y no escuché a ningún referente del PJ hacer política con esto», disparó.

Por su parte, el presidente de la bancada oficialista, Ramón Cano, sostuvo que “si por el hecho de haber llamado a licitación varios de los legisladores tendríamos que estar procesados”, manifestó. Para Silvia Rojkés las denuncias contra el gobernador se tratan de “globos de ensayo que ensucian la política de Tucumán”.