La ONG expresó su preocupación por el recorte de la ayuda económica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de los países miembros. “Es imperativo para el sistema Interamericano de derechos humanos asegurar su viabilidad financiera”, consideraron.

A continuación, el comunicado difundido por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC):

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el principal órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), específicamente dedicado a la promoción y salvaguardia de los derechos humanos en nuestro continente. Su independencia, autonomía y respetabilidad han sido y son axiomáticos. Sus aportes a la justicia interamericana y a la defensa de la democracia en América son también elocuentes y reconocidos. Sus relatorías temáticas, sus informes anuales y por país, su esquema de visitas in loco, su sistema de peticiones individuales, y su celeridad en materia de medidas cautelares han sido avances significativos para garantizar la vigencia y protección de los derechos humanos.

No está de más decir lo que dicha Comisión ha significado al dar visibilidad y buscar revertir las violaciones de dichos derechos durante regímenes militares.

En años recientes, sin embargo, distintos países de la región han intentado, con el argumento de su fortalecimiento y modernización, debilitar a la CIDH, obstaculizar las relatorías, y dilatar el proceso de medidas cautelares y de peticiones individuales. Pero a pesar de lo anterior no se había logrado erosionar la labor de la Comisión.

No obstante, en especial en el último bienio, los países miembros -ya sea los que históricamente han respaldado a la CIDH, así como sus principales detractores- han comenzado a disminuir drásticamente las contribuciones voluntarias o dejado de aportarlas. A ello hay que agregar el hecho de que varios países no pagan sus cuotas regulares a la OEA y con ello también se afecta el funcionamiento del órgano. Esto ha llevado a un déficit crítico que ha implicado severos recortes y dificultades notorias para el cumplimiento del mandato de la CIDH. Todo lo cual, a su vez, coloca en estado de precariedad e indefensión a millares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el continente.

La Asociación por los Derechos Civiles cree que es imperativo para el sistema Interamericano de derechos humanos asegurar su viabilidad financiera. En el caso de la Argentina, propone que el país incremente sensiblemente sus donaciones a la CIDH y que el gobierno auspicie, junto con otros países seriamente interesados en la cuestión de los derechos humanos, una reflexión colectiva -con la participación de estados y actores no gubernamentales- en pos de fortalecer genuinamente, tanto en términos políticos como recursivos, el resguardo y la promoción de los derechos humanos en América.

En base a todo lo expuesto, la ADC solicita al Señor Presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri que, instruya a su canciller, Ingeniera Susana Malcorra, a fin de que nuestro país intervenga, en su carácter de Estado miembro, fijando firme posición que asegure a este trascendente órgano internacional fortaleza política y financiera”.