Un tribunal oral condenó a un año y dos meses de prisión en suspenso y tres de inhabilitación a dos efectivos de la Policía Federal que le cobraron una coima a un automovilista para no secuestrarle el vehículo que conducía.

La condena recayó sobre dos efectivos de la Seccional 11 por el hecho ocurrido el 17 de agosto de 2013 a las 23.50, en el barrio porteño de Caballito.

Ambos fueron condenados por el delito de “concusión” contra un automovilista que conducía una camioneta del tipo utilitaria con cinco acompañantes, varias de ellas jugadoras de hockey, hacia una fiesta social.

Según relató el conductor, los uniformados lo detuvieron, le advirtieron que “circulaba con pasajeros y no poseía puertas laterales” y que esa infracción de tránsito “le restaría puntos del scoring”.

“Frente a ese panorama, el denunciante solicitó que lo instruyeran acerca de cuáles eran los pasos a seguir, a lo que uno de los imputados respondió ‘dame plata’, por lo que les entregó la suma de 100 pesos, instante en el que fue devuelta la documentación del vehículo y los agentes se retiraron del lugar sin labrar infracción alguna”, explica el fallo.

Los integrantes del Tribunal Oral número 3, Gustavo Rofrano, Miguel Ángel Caminos y Gustavo Valle, coincidieron en que las pruebas recolectadas confirman la existencia del hecho, y además “no se ha comprobado la existencia de razones de odio, enemistad o alguna otra circunstancia que permitiera suponer la existencia de un complot destinado a armar una denuncia y seleccionar un patrullero determinado”.

Los jueces buscaron un contenido ejemplificador al fallo: “Resulta clara la particular relevancia que han venido tomando a través de los últimos años los delitos contra la administración pública en nuestro país”.

“Hemos asistido con perplejidad a apreciar las diversas formas de cómo la corrupción se manifiesta y, porque no decirlo, a cómo nuestras más altas autoridades y funcionarios han cedido ante la misma”, añadieron.

Sobre el hecho concreto, establecieron que “más allá de la existencia o no de infracción alguna, cierto es que los imputados en momento alguno podían requerir suma alguna de dinero del modo en que lo hicieron”.

El artículo 266 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.