El tribunal oral federal número tres postergó la fijación de la fecha para el juicio que entablaron unos 700 ex ahorristas del quebrado Banco Patricios contra la emisión de obligaciones negociables que terminaron precipitando la caída de la entidad financiera en 1998.

Se trata de la causa 12814/2000, caratulada “Spolski, Alberto Miguel y otros s/ estafa”, en la que el ex banquero y sus consortes de causa Carlos Alberto Ungar, Saúl Raibenberg y Héctor Mario Kleiman aparecen imputados por los delitos de “administración fraudulenta”.

El banco, en el que tenía fuerte participación la familia Spolski, acumulaba denuncias por presunta falsificación en sus balances y cesión de créditos a empresas del mismo grupo, que derivaron en que al momento de la quiebra más de 700 ahorristas no pudieran recuperar su dinero colocado en Obligaciones Negociables por un total de unos 42 millones de dólares.

El tribunal oral, con la firma del juez Andrés Basso, entendió que no podía fijar fecha para el debate porque puede “haber operado la prescripción de la acción penal”, en virtud del tiempo transcurrido.

“En tales condiciones, proseguir con la tramitación de la presente en pos de iniciar el juicio oral y público implicaría desconocer la directiva del superior… Llevar a cabo el juicio en esas condiciones implicaría un dispendio jurisdiccional, que, a su vez, atentaría contra la posibilidad de realizar audiencias de debate en otras causas en trámite ante esta sede, en muchas de las cuales se encuentran personas privadas de su libertad”, sostiene el fallo que postergó la iniciación del juicio.

En consecuencia, decidió “no hacer lugar, por el momento, a la fijación de las audiencias preliminar y de debate en la presentes actuaciones”.

La causa fue investigada en primera instancia por el ex juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Federico Delgado y abarca otros hechos conexos con la quiebra de la entidad bancaria.

En esos expedientes, Oyarbide determinó que existieron maniobras que posibilitaron “simular una situación patrimonial y financiera irreal con el consecuente peligro de estafa contra tales supuestos deudores”.

También dio por probado el irregular otorgamiento de créditos a sociedades vinculadas al banco, entre ellas la propia Fundación Banco Patricios, que le debían unos 20 millones de dólares.

Según Oyarbide, el accionar de los directivos del banco apuntó a aparentar una mejor situación financiera de la que poseía: “las irregularidades detectadas en el manejo, administración y el cuidado de la sociedad bancaria, la ligereza y laxitud con que se habrían otorgado préstamos, máxime en un contexto de insolvencia y negatividad del patrimonio”.