Rechazan pedido de excarcelación formulado por Manuel Vázquez

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de excarcelación de Manuel Vázquez, ex colaborador y presunto testaferro del ex secretario de Transportes Ricardo... Por Cuarto Intermedio

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de excarcelación de Manuel Vázquez, ex colaborador y presunto testaferro del ex secretario de Transportes Ricardo Jaime, en la causa en la que está procesado por la compra de trenes fuera de uso a España y Portugal.

El máximo tribunal penal del país evaluó que existen riesgos de fuga de Vázquez, ya que cuando fue detenido, en abril pasado, intentó eludir la acción judicial ocultándose en un placard de su casa.

Los camaristas Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos evaluaron negativamente “la actitud que tomó el imputado durante el procedimiento en que resultó finalmente detenido, en que habría intentado esconderse de la policía para ser encontrado”.

Vázquez fue detenido el 2 de abril y el 10 de mayo le fue concedida la prisión domiciliaria, situación en la que permanece en la actualidad.

“Si bien la decisión recurrida restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, dicho extremo no alcanza para habilitar la instancia casatoria”, coincidieron los jueces.

Vázquez, al igual que Jaime -también detenido- y el ex secretario de Transportes Juan Pablo Schiavi, está procesado por el presunto pago irregular de grandes sumas de dinero a las empresas ferroviarias de España y Portugal por material considerado poco menos que chatarra.

El juez federal Julián Ercolini los procesó por los delitos de “cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, peculado de bienes y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.

“Es política del Estado Argentino Nacional la lucha y el compromiso ante la comunidad internacional de prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar a las personas encontradas culpables de estos delitos, con el objeto de erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los vinculados con tal ejercicio”, resumieron los jueces.