La Cámara del Crimen impulsó una investigación para determinar si hubo “zona liberada” en la sede de la Comuna Cuatro de la Capital Federal para perpetrar el intento de homicidio contra un militante de “La Cámpora” cuando se discutía la venta de terrenos de Casa Amarilla al club Boca Juniors.

La Sala Sexta del tribunal hizo lugar a un planteo de la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), quien asiste a tres de las víctimas de las agresiones ocurridas el 4 de mayo, durante la primera reunión del año del Consejo Consultivo de la Comuna 4.

La reunión, en la sede de la Comuna -avenida Centenera 2906- terminó cuando un grupo violento irrumpió en el lugar donde se producía el debate.

En esas circunstancias, Rodolfo Manuel Corzo, empleado del Gobierno porteño, hirió con un arma blanca en el cuello a Matías Scinica, de la agrupación social “Boca es Pueblo”, quien estaba acompañado por militantes de La Cámpora, entre ellos, Fernando Abal Medina, hermano del senador y ex jefe de Gabinete del anterior Gobierno, Juan Manuel Abal Medina.

Corzo está procesado con prisión preventiva, confirmada por la Cámara, por el delito de “homicidio en grado de tentativa”.

La abogada Verdú representa a las víctimas Scinica, Luis Ariel Escalada y Luciano Calderelli, heridos durante la agresión por la que La Cámpora responsabilizó al PRO y relacionó con la intención del presidente de Boca, Daniel Angelici, cercano al Gobierno, para obtener en propiedad los terrenos de Casa Amarilla.

La abogada denunció la inacción de las fuerzas de seguridad ante los episodios de violencia, y pidió la “extracción de testimonios” para que se investigara la posible comisión de un “delito de acción pública”.

Los camaristas Marcelo Lucini y Luis María Bunge Campos hicieron lugar al planteo y ordenaron que se sorteara un nuevo juez para investigar la supuesta “zona liberada”.