El Senado de Entre Ríos retoma la discusión por la reforma de la ley que prohíbe exportar a Uruguay madera producida en la provincia, norma que fue sancionada en marzo de 2007 en pleno conflicto con el vecino país por la instalación de la pastera UPM-Botnia de la localidad de Fray Bentos.

En octubre del año pasado, el gobernador peronista Gustavo Bordet envió a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley de la Madera, afirmando que con la prohibición vigente Entre Ríos “pierde competitividad ante sus pares de otras provincias y estas cuestiones hay que corregirlas”.

El proyecto crea en la provincia el “Plan Maderero Entrerriano” tendiente a la “promoción, desarrollo y sostenimiento de la actividad foresto-industrial” y dispone la derogación de la Ley de la Madera.

El gobierno fundamentó que los cambios “se basan en la necesidad de fortalecer e integrar el sector foresto industrial, ya que consideramos que nuestra provincia tiene enormes potencialidades para el desarrollo total de esta cadena de valor ya que están dadas todas las condiciones a partir de una producción primaria establecida, de la existencia de viveros ajustados a los estándares genéticos demandados y de un segmento industrial con altísima potencialidad”.

“La ley rige en la provincia hace casi diez años y no ha logrado cumplir con su objetivo. Contrariamente, ha resultado un escollo para el desarrollo foresto industrial de la provincia, desalentando inversiones, afectando la tasa de plantación en los últimos años y generando un estancamiento en la economía sectorial y provincial”, explica.