La acción judicial fue iniciada por Gustavo Desplats, coordinador de la ONG Proto Comuna Caballito y secretario parlamentario del bloque Bien Común, de la Legislatura porteña, patrocinado por el abogado Jonatan Baldiviezo.

La presentación reclama “declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la ley 5.728 de Estacionamiento Medido”, sancionada en diciembre del año pasado y “en pleno proceso de instrumentación por el Ejecutivo de la Ciudad”.

El expediente quedó radicado ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 23, a cargo del juez Francisco Ferrer.

El amparista argumentó que la ley “fue aprobada sin respetar el procedimiento de doble lectura establecido en la Constitución de la ciudad impidiendo la participación ciudadana en la correspondiente audiencia pública”.

“Dicha ley fue aprobada por mayoría absoluta (33 votos positivos) y en simple lectura cuando debió ser aprobada por mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura (40 votos) y con el procedimiento de doble lectura”, explica la acción judicial.

El nuevo sistema de estacionamiento “dejará atrás los parquímetros para reemplazarlos por terminales multipropósito y abarcará unas 10.000 cuadras de las 24.400 que hay en la Ciudad”, lo que equivale “al 40 por ciento de las cuadras de Buenos Aires”, incluyendo “el interior profundo de los barrios porteños”.

“Miles de porteños tendrán que pagar para estacionar en la puerta de sus casas. Otros miles tendrán que realizar trámites para no tener que pagar en el mismo lugar donde estacionaron toda la vida. Y todo esto nunca fue consultado plenamente con la sociedad y solo beneficia a los dueños de estas empresas”, resume la presentación.