La nueva ley contó con el apoyo de los legisladores peronistas, con la excepción de tres de extracción gremial, y de Cambiemos.

El presidente del bloque Unión por Córdoba (PJ), Carlos Gutiérrez, dijo que el derecho de huelga está garantizado en la provincia, pero remarcó la necesidad de permitir también que los vecinos puedan trabajar, educarse y recibir atención médica durante los conflictos sindicales. La reciente crisis, en ese sentido, según el peronista demostró que “el transporte es un servicio esencial”. Se está “dignificando al movimiento obrero organizado, que va a seguir siendo la columna vertebral de nuestro partido”.

El radical Orlando Arduh celebró que Unión por Córdoba impulse una iniciativa para “garantizar un normal servicio a los ciudadanos”, y el juecista Juan Pablo Quinteros reconoció que hay una discusión en torno al contrapunto de derechos a ejercer, pero afirmó que por eso mismo “queremos dotar de herramientas tanto a quienes quieren manifestarse como a quienes se ven afectados por otros”.

En contra votaron tres legisladores del bloque Córdoba Podemos (kirchnerismo), y otros tantos de la izquierda, así como también el vecinalista Aurelio García Elorrio.

García Elorrio calificó a la ley de “tribunera” e “inconstitucional”, por lo que le auguró un “recorrido corto”. Para el vecinalista, se legisló por encima de lo que permite el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.