Según explicaron desde la ONG, por medio de esa herramienta constitucional pretenden acceder a una copia del memorándum de entendimiento firmado entre ambas partes y dilucidar algunas especificaciones de su contenido como, por ejemplo, qué información se almacenará en los servidores provistos por AWS; cuáles son las medidas de seguridad previstas para el resguardo de dicha información; si los servidores se ubicarán en el país o tendrán otra ubicación geográfica; los costos de la contratación; y si existió una consulta previa ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

“Si bien no resulta censurable el objetivo de que el Estado adopte prácticas más eficientes para llevar a cabo sus tareas, las medidas para implementar dicha meta deben tener en cuenta estándares de privacidad y seguridad para el resguardo de los datos y la información”, expresó la Directora del área Digital de ADC, Valeria Milanes, quien además consideró que uno de los desafíos del Estado es custodiar la soberanía de los datos personales de sus ciudadanos a través de políticas que eviten que los mismos queden a merced de abusos por parte de entidades extranjeras, sean de carácter público o privado.

En líneas generales, el convenio suscripto prevé la utilización por parte del Gobierno nacional de la “nube” de AWS para que se puedan migrar dos bases de datos con información pública a ese sitio. El acuerdo tiene la duración de un año para que se puedan probar los servicios durante ese lapso de tiempo, aunque no se especificó qué tipo de información se almacenará allí.

“Por eso creemos que  debe monitorearse con sumo cuidado todo proceso de modernización que involucre la posibilidad de que información pública o datos de argentinas y argentinos sean almacenadas en servidores ubicados fuera del país”, agregó Milanes.