La magistrada en lo Contencioso Administrativo Federal, Claudia Rodríguez Vidal, desestimó el pedido de los abogados, quienes reclamaban “la emergencia administrativa, presupuestaria y de seguridad e higiene en la Justicia Nacional del Trabajo”.

Los abogados subrayaron que “los juzgados laborales carecen de impresoras por falta de insumos” y denunciaron fallas edilicias que, por ejemplo, graficaron en el edificio situado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760 que “cuenta con sus baños clausurados y está plagado de insectos”.

En ese mismo contexto, advirtieron que el edificio ubicado en la calle Perón 990 “no es apto para el funcionamiento de juzgados”, pero allí funcionan 20 “en condiciones de hacinamiento y de inseguridad tanto para los concurrentes como el personal que allí se desempeña”.

Los abogados pidieron “la adopción de las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de los juzgados del fuero laboral, así como su instalación en ámbitos seguros y sanos de trabajo tanto para empleados, funcionarios, abogados y justiciables”.

Para ello, exigían “la entrega de insumos, el avance de los procedimientos para la cobertura de los juzgados vacantes, la realización de mejoras edilicias y la adecuación del sistema informático”.

Pero la jueza Rodríguez Vidal, sobre la base de informes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia, consideró que todas las falencias denunciadas están en vías de solución o solucionadas.

“No se advierte un acto u omisión manifiestamente arbitrario o ilegitimo por parte de las autoridades públicas que torne procedente la presente acción”, consideró la magistrada.

En ese sentido, puntualizó que “la Corte Suprema ha reconocido expresamente la situación excepcional que atraviesa el fuero laboral y ha adoptado determinadas medidas destinadas a garantizar el adecuado servicio de justicia”.