“Con este instrumento legal, el Gobierno nacional inicia el camino de la privatización del sistema energético que es estratégico para el desarrollo del país y particularmente de las distintas regiones y sus pueblos”, manifestaron los kirchneristas santacruceños en un comunicado de prensa.

En la visión del FpV, los pueblos alejados de los grandes centros industriales “verán que su futuro quedará sujeto a la suerte de la ley de mercado: si no es rentable, no se compra y si no se compra, no se construye”, por lo cual tanto “gasoductos o tendidos de interconectado, quedarán también sujetos a estas normas neoliberales”.

Sostienen además que “la expoliación del Estado y sus recursos, propiedad de los pueblos, con la excusa de lograr hacerlo más eficiente, viene de la mano con una nueva provocación del gobierno de Cambiemos”.

La bancada mayoritaria de la Legislatura considera que “este es un nuevo avasallamiento a la Constitución Nacional y al pueblo santacruceño”, algo innecesario “cuando miles de personas están a la espera de fuentes de trabajo que generará su proceso de construcción, y en el mejoramiento de su calidad de vida con la posterior incorporación de energía limpia al sistema argentino eléctrico”.