Por este acuerdo, la provincia deberá tener “Reglas de Transparencia y de Gestión Pública”, como publicar el presupuesto anual, la inversión anual, la eficiencia de la recaudación, el gasto y la modernización de los sistemas financieros, recursos humanos y deudas.
Además, sólo podrá aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado siempre que estuviera garantizado su financiamiento, no incrementar el gasto corriente permanente durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato, entre otras medidas.
En los fundamentos, el proyecto “propone mantener los preceptos esenciales marcados por la ley nacional 25.917 y su modificatoria ley nacional 27.428 tanto en el ámbito de la técnica de elaboración y ejecución del presupuesto, como en el de coordinación a través del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal”. “Atento a que la sostenibilidad es una condición necesaria para las políticas públicas saludables -continúa-, dado que los efectos de los desequilibrios fiscales inciden en el planeamiento y ejecución de las mismas”.
La sesión está prevista para el próximo viernes, convocada por la legisladora Andrea Freites (FPV – PJ) a pedido de los legisladores Marcela Gómez, Angelina Carrasco, Ricardo Romano y Ricardo Furlan (FPV – PJ); y Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos).