La declaración de Wagner puso en jaque a los primeros arrepentidos, porque negaron que los aportes de dinero tuvieran otra finalidad que el financiamiento de campañas políticas.

Pero Wagner los contradijo, brindó precisiones sobre cómo se distribuían los contratos de obra pública y los montos que se pagaban desde el empresariado para quedarse con esos contratos.

La ley del arrepentido exige que quienes se acojan a ese beneficio colaboren incriminando a otros imputados que tengan mayor jerarquía dentro de la estructura delictiva.

El juez Claudio Bonadio supone que se avecina una catarata de información que le permitirá develar una inimaginable matriz de corrupción que se remonta por lo menos a principios de los años 90´.