En sintonía con lo expresado por numerosos dirigentes y hasta por su par bonaerense, el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, se mostró en contra del cobro de las 24 cuotas en las facturas del gas anunciado por el Secretario de Energía, Javier Iguacel, al tiempo que sostuvo que el mismo resulta inconstitucional. “El Código Civil, además, establece que cuando cancela un pago no hay forma de pedir un resarcimiento”, agregó.

Asimsimo, desde el organismo porteño le recomendaron al funcionario nacional que revoque en todos sus términos la resolución 20/18 que determina el cobro retroactivo de conceptos ya facturados y abonados en las facturas del servicio público de gas natural por ser manifiestamente nula y por representar un retroceso para el universo de usuarios y generar un impacto negativo en las economías familiares.

El ombudsman porteño, además, recordó que durante la última audiencia pública que se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2018 había reclamado que la tarifa de los servicios públicos debía dejar de estar dolarizada; y que también exigió que se frenaran los aumentos estipulados en las mismas, suspendiéndose además los cortes de suministro por falta de pago ya que en un contexto de fuertes devaluaciones el salario de los trabajadores baja mientras suben los valores de las tarifas.

“En esa línea, consideré que los aumentos tarifarios deben ir de la mano de las paritarias salariales, que se discuten una vez por año. Solo así se podrá organizar la vida de los trabajadores y usuarios de servicios públicos”, completó.