En el caso de Ponce, estaba acusado por presuntamente haber conducido su vehículo con un grado de alcohol en sangre mayor al permitido en abril pasado, y las imágenes fueron profusamente difundidas por televisión.

El dictamen sostuvo que no se pudo probar que Ponce estuviera ebrio ya que se violaron todos los protocolos de procedimiento para la muestra de alcoholemia y nunca hubo un resultado positivo.

“A diferencia de lo sostenido en los artículos periodísticos, ninguno de las ocho pruebas de alcoholemia que se le realizaron arrojaron resultado positivo”, dijeron los consejeros.

En el caso de Obligado, estaba acusado de haber viajado a Irak sin haber obtenido previamente autorización de la Corte Suprema.

Los consejeros consideraron que Obligado había  hecho lo mismo que decenas de otros jueces con la única diferencia de que, en su caso, la Corte decidió rechazarle el pedido de autorización cuando ya estaba fuera del país.

El dictamen de mayoría (hubo uno de minoría que aconsejaba un apercibimiento) consideró que no había razones para sancionarlo.