“Existe una imposibilidad normativa para aprobar esta ley, que podría traer consecuencias a nivel internacional para el Estado argentino. A la vez, no existen datos empíricos sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos, y esto es incluso reconocido por los propios presentadores del proyecto oficial”, sostuvo, al intervenir en el debate sobre el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Diputados.

El Poder Ejecutivo presentó en marzo un proyecto de ley penal juvenil que, entre otros puntos, propone bajar la edad de mínima de responsabilidad penal de 16 a 15 años.

El defensor oficial recordó que el Comité de los Derechos del Niño pidió el año pasado que al momento de modificar la legislación sobre menores de edad en conflicto con la ley se respeten “los estándares internacionales, y pidió que no se endurezcan las penas ni se baje la edad de punibilidad. Por eso creo que el cambio propuesto no resiste el menor análisis. Es verdaderamente paradójico, absurdo, intentar saldar una deuda de la democracia generando una nueva responsabilidad internacional. Es preocupante la lógica argumental de los planteos a favor de la baja”.

“¿Está en peligro la paz social por los adolescentes de 15 años? ¿En qué se funda? ¿Qué cantidad de delitos se producen? ¿Qué tipo de delitos? Si consideran que hay una emergencia social, que hay una urgencia, deberían demostrarlo”, desafió.

“Consideramos que una ley penal juvenil que baja la edad de punibilidad no satisface estándares internacionales, que genera más responsabilidad internacional, que no hay estadísticas serias que sostengan la necesidad de modificar de esta forma la ley y nos preocupa mucho el tratamiento que se les da a los no punibles”, concluyó.