El juicio por jurados consagra el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de Justicia, y la Constitución Nacional habilita en sus artículos 24 y 118 a las provincias a la implementación de este sistema. De esta manera, Salta se sumaría a Mendoza, Chaco, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Córdoba.

Durante el encuentro entre Urtubey y los miembros de la Corte salteña, el presidente del cuerpo, Guillermo Catalano, comentó la reciente experiencia del primer juicio por jurados que se concretó en la provincia de Mendoza, donde se interiorizaron del funcionamiento de este sistema.

La función de los jurados populares es decidir en un juicio penal si una persona acusada por un fiscal penal de la comisión de un delito es o no culpable.

Los jurados populares se componen por 12 ciudadanos titulares y sus suplentes, los cuales surgen de una nómina anual de la cual se procede a la selección de quienes se desempeñarán durante el juicio como jurados populares.

Entre los fundamentos del proyecto que se elabora en Salta y que Urtubey elevará a la Legislatura para su tratamiento, se destaca que el juicio por jurados tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos del sistema republicano, siendo un control directo sobre los actos de otros poderes del Estado.