La Sala I de la Cámara no avanzó sobre el fondo del reclamo pero evaluó que, al no permitir la producción de pruebas que reclamaba ATE se le prohibió demostrar si tenía o no razón en lo que reclamaba.

El reclamo de ATE fue presentado como “proceso colectivo” porque “las operaciones financieras en curso y la disposición indiscriminada de los recursos del sistema conducen a la destrucción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por el decreto 897/2007 y al desfinanciamiento del Sistema Previsional Argentino (SIPA)”.

«El objeto pretendido trata precisamente del cuestionamiento del accionar gubernamental que, a juicio de quienes demanda, pone en riesgo el futuro del goce de sus prestaciones previsionales”.

Para el tribunal, “asiste razón a ATE, al esgrimir el agravio relacionado con que no se le ha permitido la producción de la prueba destinada a demostrar el manejo discrecional que alega y que a su ver pone en peligro los derechos constitucionales del colectivos que representa”.

Los camaristas Adriana Lucas y Victoria Pérez Tognola reabrieron la investigación y ordenaron producir la prueba reclamada por ATE, que había realizado una presentación para denunciar la Resolución Conjunta 37/2018, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda, que dispone la trasferencia de 86.000.000.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, en letras del Tesoro Nacional a los efectos de hacer frente a gastos corrientes.