A pocos días de que asuma como vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner declarará por primera vez en un juicio oral: se trata de la investigación en la que está procesada como presunta jefa de una asociación ilícita, en el marco de la causa por el otorgamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde también están siendo investigados otros doce acusados, entre los que figuran Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

A primera hora de la mañana, su abogado Carlos Beraldi retomó el pedido de la ex mandataria para que su indagatoria sea transmitida en vivo por televisión, razón por la cual presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 2 en el cual planteó un “recurso de reposición” contra la decisión del pasado viernes que había rechazado la posibilidad de que el debate sea transmitido.

Durante la noche previa a comparecer ante el tribunal, por su parte, la compañera de fórmula de Alberto Fernández había escrito en su cuenta de Twitter que en Comodoro Py “tendrá lugar una audiencia oral del caso paradigmático de Lawfare en la Argentina: la causa conocida mediáticamente como de la `Obra pública´ en donde las mentiras, difamaciones y descalificaciones sobre mi persona fueron planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo”.

En esa línea, continuó que “desde las denuncias de diputados y dirigentes opositores, pasando por la filtración anticipada de las resoluciones de Julián Ercolini -el juez mutante de instrucción- hasta la lectura en vivo y en directo del escrito del fiscal, plagado de descalificaciones impropias para esta clase de presentaciones, autorizada por el TOF 2, el mismo que ahora deniega la transmisión en vivo de mi declaración como acusada, que no es otra cosa que mi principal acto de defensa, cuando impulsó y votó la transmisión en vivo de otros juicios orales”.

Por último, la futura titular del Senado agregó que en la Argentina, como en el resto de América Latina, “la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático”.