Las denuncias, cuatro en total, sostienen que las autoridades del INCAA durante el gobierno de Mauricio Macri defraudaron al organismo mediante el desvío de fondos para gastos superfluos, en lugar de fomentar la industria del cine.

El principal imputado es el ex titular del instituto, Ralph Haiek, a quien le reprochan la subejecución y desvío de fondos para, por ejemplo, pagar pasajes a funcionarios so pretexto de festivales, pero ocultando el verdadero destino de los viajes.

También denunciaron sobreprecios en contrataciones. Por ejemplo, 300 mil pesos en el pato de plástico que vistió a un lobo de mar en Mar del Plata y 15 mil dólares por dos sillas, contratos con periodistas y obras de refacción y contrataciones de urgencia para los festivales locales de cine.

Además, dice la denuncia, hubo subejecución del presupuesto, justificación de gastos con facturas truchas y colocación de dinero en plazos fijos por más de 700 millones de pesos en bancos privados.

Un caso emblemático son las mudanzas internas en el edificio de Lima 319. Las oficias del cuarto piso pasaron al sexto; las del sexto, al cuarto contrafrente; las del primero al décimo; las del décimo al cuarto frente; las del octavo al séptimo; las del primero a PB y las de PB a otro edificio, alquilado.

El ENERC (Escuela Nacional de Realización Cinematográfica) funciona en Moreno y Salta. El edificio fue comprado en los 90 por dos millones de dólares. Las obras de refacción suman unos ocho millones de dólares, es decir, cuatro veces más que lo que costó comprar el inmueble.

Se detectaron, según se indicó, pasajes para visitar salas en París y, en esas fechas, desde el INCAA se sacaron entradas para partidos de fútbol.  Se simularon viajes a París que eran escalas técnicas para viajes a Rusia durante el Mundial 2018.

Se incumplió con la cuota de pantalla de producciones nacionales, que bajó de 14,5 en 2016 a 8,5 en 2019. Ello potenció al cine extranjero, que ocupó el 91,5 de la pantalla.

En 2018 hubo un pedido de informes de un grupo de Senadores ante las denuncias de irregularidades. Lo encabezó Pino Solanas pero acompañaron, entre otros, Julio Cobos y Miguel Ángel Pichetto. Pero no fue sino hasta ahora que esas denuncias tuvieron estado judicial.