El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenizno, le envió al Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) un pedido formal para que le quite la concesión a Edesur, luego de la cantidad de reclamos que recibió por los cortes del servicio y por considerar que se agotaron todas las instancias para que la empresa se comprometa a realizar las inversiones que -aseguran- nunca realizó.

En su reclamo, el organismo consideró que la compañía no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria, por lo que solicitó al ENRE la rescisión de la concesión debido a las fallas en el suministro eléctrico y en los planes de obras a los que no llevó adelante a pesar de comprometerse a ello.

En ese sentido, precisó que se encuentran agotadas las instancias de diálogo con Edesur, debido a que se intentaron mediaciones con los municipios afectados, se promovieron acciones judiciales y reuniones en la sede de la Defensoría, además de las multas que le aplico el propio ENRE en 2018 y 2019, y de todos los reclamos recibidos en el organismo.

“Edesur no cumple con la prestación adecuada del servicio público en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad. El crecimiento de reclamos en la Defensoría en los últimos meses muestran las deficiencias en la prestación y los contratiempos para los usuarios debido a la falta de inversiones por parte de la empresa”, señaló Lorenzino.

Ante esta situación, la Defensoría comunicó que le pidió formalmente al ENRE que “arbitre todos los medios a su alcance a fin constatar la situación descripta y eventualmente sancionar a la empresa con la máxima de las penas que existen dentro de las normas que regulan la concesión vigente, que es la revocación de la concesión a Edesur”.

En detalle, la el organismo provincial considera que existe una “flagrante vulneración de los derechos de los usuarios” debido a la deficiente prestación del servicio por parte de Edesur; los reiterados cortes registrados en la provisión de energía; los numerosos reclamos por parte de los usuarios; las multas impuestas por el Órgano de Control; la afectación de los intereses económicos de los usuarios a partir de los aumentos tarifarios registrados en estos últimos años; y la falta de cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por la empresa.

A su vez, desde la Defensoría remarcaron que la provisión de los servicios públicos es un derecho humano esencial que exige que no sea interrumpido, una obligación que Edesur no cumple en distintos lugares del área de concesión, y que además le suma el carácter monopólico de su prestación, que convierte a los usuarios en clientes cautivos de la empresa, dejándolos sin libertad de decisión y elección, con la única opción de aceptar el servicio que le es impuesto o quedarse sin él.

“Estamos ante una situación grave, potenciada por la pandemia del coronavirus, que nos lleva a reclamar acciones a la altura de las circunstancias. Millones de bonaerenses llevan muchísimo tiempo recibiendo un servicio de pésima calidad mientras la empresa no para de obtener ganancias millonarias. Es una realidad que claramente tiene que cambiar cuanto antes”, agregó Lorenzino.