“Es necesario que el Estado se adapte al nuevo paradigma del cannabis medicinal, ayude a las personas que lo necesitan a que tengan una mejor calidad de vida y reconozca su uso como un derecho”, manifestó el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, sobre la iniciativa.

Asimismo y en relación al proyecto presentado en la Legislatura por la diputada María Laura Ramírez, el ombudsman bonaerense destacó el lugar central que se le da a las asociaciones civiles y también la posibilidad de que los usuarios que no puedan cultivar consigan todos los insumos de manera gratuita.

“No estamos hablando solamente de permitir el autocultivo, sino de todo un proceso en función del derecho de los usuarios: desde la siembra y el cultivo, hasta el transporte, el almacenamiento e incluso la industrialización”, señaló.

Por otra parte, Lorenzino también hizo mención al rol del Estado en todo el proceso ya que en el caso de aprobarse el proyecto, se crearían un banco de semillas, un plan de cultivo y producción de cannabis con fines científicos -con participación de agencias científicas estatales y universidades nacionales- y un Observatorio de los derechos de los usuarios de cannabis, que funcionaría en el ámbito de la Defensoría del Pueblo.

“Necesitamos contar con un marco que tome el cannabis desde una mirada inclusiva de la salud y que se termine de una vez con la persecución de las personas que por necesidad cultivan en su casa”, concluyó.