En la presentación efectuada ante el Juzgado Federal de Campana a cargo del Juez Federal Dr. Adrian Gonzalez Charvay, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, resaltó que “a través del análisis de los volúmenes de producción e importación de gas natural, conjuntamente con las previsiones de consumo para el corriente año que surgen de los datos recabados por la Secretaría a mi cargo, resulta evidente la imperiosa necesidad de que se produzca el levantamiento de la clausura de la Terminal Escobar para Regasificación de GNL en forma inmediata, para asegurar el abastecimiento de las necesidades energéticas nacionales durante la época invernal, teniendo en cuenta que su fluido se inyecta directamente en los centros de consumo del país.”
En su escrito, el funcionario también realizó un exhaustivo análisis técnico de los “graves efectos” que tendría sobre el abastecimiento en invierno a la demanda de Gas Natural del país el mantenimiento de la clausura judicial que determine la indisponibilidad operativa de la terminal de Escobar.
“La estrategia del Estado Nacional desde la Secretaría de Energía es apuntalar con esta presentación las acciones judiciales que viene realizando YPF, propietaria de la terminal, que opera en sociedad con IEASA, a la que se sumarán otras presentaciones, informes y peritajes, que producirán y presentarán otros organismos como Enargas, IEASA y la propia YPF”, apuntó.
Además de un análisis de la estimación de la demanda, el informe también explica el efecto que esta situación generaría en lo referido a “costos inalcanzables” en materia de necesidad de divisas, costo fiscal, precio inaccesible de la generación eléctrica, sobre costo general para la economía nacional y los usuarios, y daño ambiental que generaría la utilización desmesurada de combustibles líquidos en reemplazo del gas faltante.
Por último y a modo de conclusión, el secretario de Energía le reclamó al magistrado que resulta “imprescindible el levantamiento de la clausura y plena actividad de la terminal regasificadora de la localidad de Escobar, ya que de lo contrario se produciría ineludiblemente la utilización extrema de combustibles líquidos altamente contaminantes, con correlativo y desmesurado costo adicional de divisas y pasivos ambientales, y simultáneamente se pondría en riesgo el sistema de abastecimiento nacional y el servicio público de gas por redes, generándose un costo fiscal no previsto en el presupuesto nacional e imposible de afrontar por el Tesoro Nacional, como asimismo un costo de la energía inalcanzable para los usuarios y la actividad económica nacional”.