Juan Manuel Delgado se desempeña actualmente como procurador del Tesoro Provincial, por lo que su condición de funcionario del gobierno es uno de los puntos sobre el que más se lo golpea.

De los 14 expositores, ocho lo avalaron y seis lo rechazaron. Apoyaron Vicente Aznar (doctor en Derecho y Cónsul de Ecuador), Guillermo Barrera Buteler (decano de la Facultad de Derecho, de la UNC), Maximiliano García (director de la sala de Derecho Procesal Penal, del Colegio de Abogados), Agustín Álvarez (miembro del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio), Gustavo Vidal Lascano y Miguel Ortiz Pellegrini (ex fiscales generales de la Provincia), Ignacio Segura (presidente del Colegio de Abogados), e Ignacio Vélez Funes (presidente de la Cámara Federal de Córdoba).

En contra se manifestaron Gregorio Hernández Maqueda (presidente del ARI Córdoba), César Orgaz (apoderado de Encuentro Vecinal), Esteban Rafael Ortiz (asesor letrado penal y docente de la UNC), Juan Pablo Quinteros (concejal de Encuentro Vecinal), Patricia Coppola (de Inecip), y María Victoria Sibila (de Fundep).

Los avales se basaron en elogios de índole personal, en fundamentar que “cuenta con una formación integral”, y también en alegar que “sus antecedentes son serios en materia institucional y legal”.

Entre las impugnaciones y críticas se destacan la del Presidente de la Coalición Cívica-ARI Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, quien manifestó que Delgado “es el Procurador General del Tesoro de la Provincia, y depende del Ejecutivo. Pretender que sea el jefe de los fiscales lo vuelve incompatible. Hay un conflicto de intereses muy grave”.