Lo hizo ante la decisión del jefe de Gobierno porteño, avalada por la Corte Suprema, de mantener las clases presenciales, previo al último decreto de necesidad y urgencia que interrumpió el ciclo lectivo en la Capital Federal por una semana.
El juez dispuso que el gobierno garantice “el uso de transporte escolar para la vuelta a clases” para la Escuela Diferencial número 11 Aquiles Garesio, ante una acción de amparo colectivo iniciada por la presidenta de la Cooperadora de la Escuela.
El reclamo incluye “un transporte escolar adecuado en relación a sus necesidades psicofísicas; el restablecimiento del servicio de enfermero en la Escuela y la provisión de insumos de higiene y emergencia por COVID-19 (termómetro, pilas de repuesto, alcohol en cantidad suficiente, insumos para higiene en el cambiado de los alumnos, guantes de látex, algodón y oleo calcáreo, toallitas húmedas de higiene íntima y personal)”.
En cuanto al ciclo educativo propiamente dicho, el fallo subrayó que “el Estado argentino se compromete a trabajar prioritariamente en el tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad”.
El juez señaló, además, que “un gran porcentaje de los estudiantes de la institución involucrada ha solicitado ser exceptuado de la presencialidad de conformidad con el ‘Protocolo para el inicio de clases presenciales 2021’”.
“Los alumnos que asisten a la escuela y su anexo poseen diferentes patologías, resultando en que no todos requieren del mismo tipo de transporte”, insistió.
