“Convócase a los Intendentes e Intendentas de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo Nº 100/20, o las que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen, en los supuestos comprendidos en el artículo 15 de la Ley Nº 20.680”, instruyó el Ejecutivo nacional a través del Decreto 351/2020 publicado en el Boletín Oficial.

En esa línea, además, se estableció que para el cumplimiento de los cometidos establecidos, las autoridades municipales se ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley N° 20.680, mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, quien determinará el mecanismo para la remisión de las actuaciones administrativas labradas al efecto.

Asimismo, también se convocó a los gobernadores provinciales y al jefe de Gobierno porteño a realizar el control y juzgamiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo Nº 100/20, o las que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen, en el ámbito de sus competencias, al tiempo que se les encomendó coordinar estas acciones con los intendentes de cada jurisdicción, conforme las normativas provinciales y municipales.

Por último se estableció que la Secretaría de Comercio brindará a las autoridades municipales la asistencia técnica y la cooperación que le sean requeridas en el marco de lo dispuesto.

“Dada la situación de emergencia sanitaria que tiene lugar en nuestro país como consecuencia del brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, resulta necesaria la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas, garantizando a la población el acceso a ciertos bienes esenciales que satisfagan, en este particular y excepcional contexto, necesidades básicas vinculadas al bienestar general”, se argumentó entre los considerandos de la norma que lleva las firmas del Presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.