La comisión del parlamento santafesino tenía previsto reunirse para tratar la propuesta de suspender a Sain de su cargo en la OI -obtenido por concurso en 2018- por 180 días y reducir su salario en un 50 por ciento.

Esas sanciones eran parte de un proceso contra el ex funcionario del gabinete de Omar Perotti a raíz de la denuncia de un fiscal regional y de 27 diputados, que lo acusaron de cometer “faltas graves” por su desempeño como ministro.

Sain obtuvo en 2018, por concurso, el puesto de director del OI, una suerte de policía judicial que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En diciembre de 2019 pidió licencia al MPA para asumir como ministro de Seguridad y, tras su renuncia en marzo pasado al Ejecutivo, solicitó suspender la licencia sin goce de sueldo para reincorporarse al OI, lo que finalmente ocurrió el 31 de marzo.

Tras su renuncia, el fiscal regional Carlos Arietti y 27 diputados presentaron cargos en su contra por presuntas irregularidades en una licitación de compra de armas; por hacinamiento en las cárceles provinciales; conducta “infamante y difamatoria” por dichos en audios privados de Whatsapp que salieron a la luz; y existencia de investigaciones penales preparatorias que lo tendrían como investigado.