Por medio de una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) le manifestó su apoyo al proyecto de ley de “alivio fiscal” para fortalecer la salida económica y social a la pandemia, aunque también solicitó modificaciones para que, de convertirse en ley, el régimen pueda alcanzar a más contribuyentes, entre otros beneficios.

“Nuestra entidad se ha mostrado tradicionalmente contraria a las medidas de olvido fiscal y moratorias en la medida que se constituyen en un factor de desaliento para el contribuyente cumplidor, que ve aliviar las obligaciones de otros contribuyentes, eventualmente competidores, ante el gran esfuerzo que le demandara el cumplimiento puntual de sus propias obligaciones”, expresó en su misiva.

No obstante, sostuvo que ello es válido para situaciones normales y la actual, “en las postrimerías de una pandemia de intensidad no conocida en más de un siglo”, dista de serlo, por lo que el proceso de regularización de la actividad que se está transitando actualmente requiere de medidas extraordinarias que faciliten la recuperación de miles de empresas de todo tamaño, pero especialmente las mipymes, duramente la cuales resultaron afectadas en su economía y situación financiera.

En cuanto a las propuestas que acompañan la nota, la CAC solicitó que se detallen con mayor certeza los sujetos que se verían alcanzados por el régimen, de convertirse en ley. “Esta circunstancia, más el hecho de que no se podrían regularizar obligaciones vencidas con anterioridad al 01/08/2020, limitaría mucho los alcances de este régimen, de ser convertido en ley”, expresaron.

Por consiguiente, sugirieron que se modifique el proyecto a fin de permitir que todos los contribuyentes con obligaciones vencidas al 31/08/2021 puedan adherir al régimen de regularización eliminando la limitación temporal a que se trate de obligaciones vencidas con posterioridad al 01/08/2020 y la obligación de repatriar el 30% de los activos financieros, con excepción de aquellos radicados o depositados en países de baja o nula tributación, o bien que resulten no colaboradores respecto del régimen de transparencia fiscal internacional, para los que se mantendría la obligación parcial de repatriar para ingresar al régimen.

Asimismo y en relación a los planes de facilidades de pago para cancelar la deuda consolidada, consideraron que la cantidad de cuotas prevista resulta exigua para la situación financiera de muchas empresas y la necesidad de facilitar su desenvolvimiento y el cumplimiento de sus obligaciones corrientes.

Por tanto, propusieron elevar dicha cantidad para el punto 1.1. del inciso f) del art. 5°: de 36 a 60 cuotas para mipymes, entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes para los aportes personales; y de 6 a 36 para los demás contribuyente; y para el punto 1.2. del mismo inciso, de 60 a 90 cuotas para los primeros y de 12 a 60 para los segundos.

Para dichos planes, apuntaron que la tasa de interés preferencial del 2% mensual se debiera extender a las primeras 12 cuotas en lugar de las 6 primeras que propone la iniciativa, y flexibilizar las condiciones de caducidad dado que entienden que son “demasiado exigentes” ante la actual situación, lo que podría generar, de mantenerse en su actual redacción, la caducidad de muchos planes de facilidades de pago.

Por último y ante la posibilidad de que el proyecto sea tratado en el recinto a fines de octubre, desde la entidad se pusieron a disposición para que sus técnicos puedan reunirse eventualmente con Massa o bien con sus asesores, con el fin de ampliar en detalle lo planteado.