En la última sesión de la Legislatura mendocina, desde la bancada radical se levantó una serie de argumentos para sostener el procedimiento, asegurando que no tiene ninguna irregularidad y que se hizo siguiendo la legislación vigente y con el aval de la Fiscalía de Estado.

Además, se aprobó un pedido de informes de los senadores peronistas sobre el tema y denunciaron que la oposición ha planteado dudas infundadas para obtener un rédito político.

Los senadores radicales, según informó el diario Los Andes, se enfocaron en los aspectos legales y jurídicos en los que se basó Suárez para la firma del decreto a finales del 2021.

Para ello, repasaron los decretos y las leyes nacionales y provinciales que sustentaron la asignación del terreno ubicado en la zona de Potreros de la Cordillera a la empresa El Azufre.

Asimismo, remarcaron que la última palabra sobre el tema la tiene la Nación y explicaron por qué no correspondía realizar una licitación de las tierras, ni un concurso público.

Finalmente, enfatizaron que la norma cuenta con el aval de la Fiscalía de Estado, comandada por el fiscal Fernando Simón.

Por su parte, los referentes oficialistas criticaron con vehemencia a la oposición por pretender tender “un manto de sospecha” sobre la decisión del gobernador para lograr “notoriedad pública”.