La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió que las denuncias por violencia familiar se incrementaron un 36% en comparación con el mismo período del año anterior, así como también que aumentaron un 11% las consultas informativas.
Según se desprende de su Informe estadístico del segundo trimestre de 2022, entre abril y junio de este año la OVD recibió más de una denuncia por hora (2.415 en total), que involucraron a 3.154 personas afectadas por hechos de violencia (un caso puede tener más de una persona afectada).
En respuesta a esta situación, se indicó que la Justicia Civil dictó 8.453 medidas de protección, entre las que se encuentran la entrega de 769 botones antipánico (6 de cada 10 afectadas fueron mujeres adultas).
Por su parte, los niños, niñas y adolescentes (NNyA) representaron el 32% de las personas afectadas, a la vez que se especificó que el 75% de las personas denunciadas fueron varones (2.614) y el vínculo entre persona denunciada y afectada fue, principalmente, de pareja (49%).
Al analizar el riesgo que corrían las personas afectadas, los equipos interdisciplinarios de la OVD determinaron la presencia de diferentes tipos de violencia: “Psicológica” (96%); “Simbólica” (51%); “Física” (49%); “Ambiental” (30%); “Económica y patrimonial” (27%); “Social” (11%) y “Sexual” (11%). Asimismo, el 33% de los casos fueron evaluados como de riesgo “altísimo” y “alto”.
Las denuncias recibidas, en tanto, fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil (99,5%), a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (17%), al fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires (67%), al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (39%); mientras que se derivaron 175 casos al Programa Proteger (GCBA).
Por último, el trabajo difundido añade que la Justicia Civil ordenó la prohibición de acercamiento a la persona denunciante en el 71% de los casos; prohibición de contacto telefónico o por correo (66%); otorgar dispositivos antipánico en el 32%; el cese de los actos de perturbación e intimidación (28%); y la prohibición de acercamiento a niñas, niños y adolescentes (23%).
