La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, Liliana Piccinini, dijo a los legisladores que con el actual Código “ocurrió lo que suele pasar con los reglamentos: empieza a jugar y el reglamento tiene algunas cuestiones de operatividad”.

“Entonces nos pusimos a trabajar dentro de lo que el Superior Tribunal implementó como Plan Estratégico Consensuado, en unidades de planificación que me tocó coordinar”, agregó.

Piccinini contó que “nos volvimos a reunir con las representaciones de los Colegios, con las juezas y el juez de Familia, los y las camaristas y empezamos buscar las alternativas para que funcione mejor”. “En el medio de la implementación ocurrió la pandemia, que implicó una fuerte digitalización. Entonces nos propusimos incorporar al Código de Familia algunos aspectos que tienen que ver con esa digitalización”.

“Lo que mayormente surgió de estas reuniones para analizar los inconvenientes de operatividad eran los tema de violencia familiar y de género. Estuvieron en esos encuentros el Procurador, el Fiscal General y el Defensor General”, narró.

“Las cuestiones que eran netamente de coordinación entre el fuero Penal y el fuero de Familia se solucionaron a través de una Acordada conjunta. Para ello no fue necesario reformar el Código. Lo que nos quedaba era avanzar en reformas porque, sin perjuicio de mantener la celeridad del proceso, la economía procesal y fundamentalmente la oralidad, algunos plazos que resultan tan acotados iban a hacer colapsar el sistema”, argumentó.